Lo que plantea la ley de marras es el requerimiento de la autorización judicial previa para pedir los datos a los proveedores de acceso a Internet (ISP) que permitieran identificar a las webs presuntamente infractoras; principalmente, enlaces soporte de intercambio de archivos de música, cine o escritos que no poseen los derechos para la difusión de los mismos.
Ahora toca reflexionar. Sin merecer los ánimos alarmistas de distribuidoras y personajes particulares del mundo de la cultura en España, sí se hace patente la necesidad de un texto legal que regularice las descargas ilegales en la red, pues un uso indiscriminado de las mismas atenta contra la libertad de expresión que alegan los detractores de la ley. Pero no es éste el camino correcto. Tal y como venía proyectando el Partido Popular y las huestes internautas durante la jornada de ayer, la garantía judicial que ofrece la Audiencia Nacional, con plena potestad de decidir la autorización a las peticiones de cierres de webs bajo sospecha que proponga la Comisión de Propiedad Intelectual, no es real. En el ejercicio de sus funciones, la Audiencia no va a cuestionar profundamente la conveniencia de borrar de la Web un enlace concreto. Esto delega en la Comisión, que se encuentra con barra libre a la hora de coartar los derechos individuales y colectivos de los internautas. El error se encuentra, por tanto, no en la premisa legal que, para desgracia de muchos, se antoja indispensable si queremos preservar la buena salud de la creación cultural; sino en la forma y el contenido.
Presa de tanta controversia, ¿qué fue realmente lo que llevó a los diputados, en representación de los irritados ciudadanos, a rechazar la enmienda anoche?
· Para empezar, la Ley de Economía Sostenible que hace un año tomaba tintes fabulosos para la salvación de las cuentas financieras, desapareció de la ruta mediática durante unos meses y, sólo la precipitación de los últimos días, había devuelto al candelero la polémica, ahora más encendida que nunca.
· El día de ayer amanecía bastante lluvioso y con nuevas filtraciones de los cables de Wikileaks que implicaban a nuestra petulante ministra de cultura. Los cables revelaban que, supuestamente, la Embajada de los Estados Unidos en Madrid se había puesto en contacto con dirigentes del Gobierno –entre ellos, la señora Ángeles González Sinde- para amparar una ley antidescargas, elevada como asignatura prioritaria para la delegación norteamericana.
· Si bien durante las horas previas a la votación, el PSOE parecía haber llegado a un acuerdo con el grupo CiU, la celeridad de las negociaciones conforme avanzaba la tarde acabo resultando catastrófica para los socialistas. PNV rechazaba la disposición final segunda mientras que mostraba su apoyo al grueso de la Ley de Economía Sostenible, soterrando temporalmente el pacto que garantizaba su apoyo con el Grupo Socialista en vías de la estabilidad parlamentaria hasta marzo de 2012. Si el principal apoyo del Ejecutivo había dicho NO a su propuesta, CiU, que no había mostrado pegas a la regularización del cierre de páginas webs, no quiso ser moneda de cambio; y viéndose el partido encabezado por Artur Mas ajeno a todo beneficio legislativo –dado que sus peticiones distaban bastante de las cuestiones planteadas- también negó su apoyo al Gobierno. Pero en la política y en la guerra todo vale, y los socialistas no tuvieron más que girar la cabeza y envilecerse, solicitando el amparo del Partido Popular. La Oposición ya había visto como algunas de las enmiendas, que planteaban de forma preliminar, quedaban descartadas en los trámites parlamentarios. Éstas mismas fueron sus solicitudes y el Gobierno, tras sopesarlo pausadamente, tuvo que oponerse a las demandas de los populares.